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La lavandería de las sanciones
archivoCuando a un país lo desconectan del dinero mundial, el dinero empieza a buscar desvíos, como el agua a la que le cortaron el cauce. Primero por esos caminos pasan las personas, después las empresas, después el Estado, y al cabo de un par de años los tres flujos corren por los mismos caños, que habían sido tendidos para cargas totalmente distintas.
En la primavera de 2022, cuando los bancos occidentales empezaron a desconectar a Rusia del sistema financiero mundial, en los canales rusos de Telegram sobre dinero se empezó a hablar de la criptomoneda como de un salvavidas. A una persona común a la que le habían dejado de funcionar las tarjetas Visa y Mastercard, la cripto de verdad la ayudaba a pagar los estudios de un hijo en el exterior o a mandarles dinero a sus parientes. A las empresas que comerciaban con el exterior las ayudaba a pagar los envíos cuando los bancos corresponsales se negaban a procesar los pagos. Al Estado también lo ayudaba.
Los clientes más inesperados de la cripto aparecieron dentro del propio Estado. En 2022 unos hackers del grupo internacional de carders Infraud, dos nacidos en Kazajistán y un ciudadano de Estonia, cuyos casos llevaba el Comité de Investigación de Rusia, le pagaron al jefe del departamento de investigaciones del Comité para el distrito Tverskói de Moscú, Marat Tambiev, por las decisiones procesales que necesitaban, dos mil setecientos dieciocho bitcoins, más de siete mil millones de rublos al cambio de entonces. Es el mayor soborno de la historia de la Rusia contemporánea, y se pagó en bitcoins. En octubre de 2024 un tribunal le dio a Tambiev dieciséis años. El dinero que se inventó para no tener que confiar en los funcionarios resultó, para un funcionario, la forma más cómoda de soborno: no hay que contarlo, ni esconderlo en la pared, ni cuidarlo de las ratas.
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